Derechos sociales y economía

Con las crisis económicas se agudizan especialmente las dificultades de la financiación de los derechos sociales, económicos y culturales. Antes de esta crisis, a los ojos del gran público, era un escenario impensable que muchas de las conquistas en derechos sociales obtenidas en los últimos 25 años estuvieran, no ya en entredicho o en discusión, si no que su sostenibilidad esté en graves problemas.

Pero la realidad es que las dificultades de financiación y sostenibilidad de estos derechos no es una novedad. Desde la crisis del Estado de Bienestar que se produjo en los años 80, tras la grave crisis del petróleo, se vislumbraba por políticos, sociólogos, economistas y científicos sociales que el mantenimiento del sistema social de protección y de derechos en constante crecimiento, podría poner en grave peligro el sistema completo de bienestar, en caso especialmente de recesiones continuadas como a la que estamos asistiendo.

Ahora, los problemas vuelven a aparecer y podría decirse que con especial virulencia. Las razones de estas graves dificultades tienen distinto origen, pero entre las principales pueden encontrarse las siguientes: un desorbitado gasto público que ha desequilibrado las cuentas públicas poniéndolas al borde de la bancarrota por falta de actividad económica; el aumento importante de las prestaciones a que han dado lugar estos derechos en los últimos años; la aparición de nuevos derechos sociales y el aumento del gran número de prestatarios de estos derechos y prestaciones.

Lo anterior se ha visto agravado naturalmente por un ciclo económico muy depresivo que ha llevado en los últimos años a una recesión sin parangón de las economías de los países más desarrollados.

La gran pregunta que se hace el gran público es como es posible que sólo en tres años aproximadamente haya empezado a tambalearse sino a diluirse en gran parte el sistema de protección existente.

Buscar respuestas simples es lo más socorrido y lo mas atrayente, culpabilizando a los gestores más próximos o al último gobierno de todos los males. Las causas no sólo provienen de una mala gestión gubernamental, que también ha existido y sin discusión alguna en determinadas situaciones de los últimos años. Pero el verdadero origen no está ahí, sino en el olvido que desde los últimos gobiernos, y no sólo en el actual, de no haber comenzado con decisión un cambio estructural en la economía española. Sin esas reformas y progresos que se han debido impulsar decidídamente y aprovechando los ciclos alcistas que duraron del orden de 15 años, la crisis es ha agravado ya que nuestro sistema productivo y de empleo se basaba en la industria de la construcción, turismo y servicios, que se ven muy afectadas ante cualquier cambio de ciclo con la consecuenta destrucción de empleo. Se ha perdido una gran oportunidad de dar un gran avance en I+D+i con un desarrollo industrial sostenible, avanzando en actividades que creen empleos de calidad y estables.

Por el contrario, nos hemos dedicado en exceso a construir viviendas que han dado trabajos precarios y han creado una oferta de inmuebles que costará digerir años. Claramente este mal proviene de muchos años y de que la mayor parte de los gobiernos de los últimos veinte años se han dejado llevar por la riqueza momentánea que facilitaba este sector, que se ha demostrado que no era un modelo adecuado. Pero el modelo malo no es la construcción en sí, si no su exacerbación indiscriminada.

Ahora la gran pregunta que nos hacemos es: como mantener este Estado de Bienestar que es una construcción que se contiene en el propio Estado Social de Derecho que define la Constitución de 1978.

No es la economía únicamente quien debe definir los derechos sociales, económicos y culturales, hay otros valores que informan sobre la decisión motivada para que estos derechos se desarrollen y se mantengan, sin embargo querer dar la espalda a las realidades económicas es un grave error.

Pensar que sólo con impuestos elevados de la población o impuestos especiales a una parte de ella, se arreglarán la financiación de estos derechos es sencillamente una falacia. Por el contrario, el crecimiento continuado es imprescindible. Sin crecimiento económico no puede haber indefinidamente financiación de derechos sociales, ese es el gran error en el que han caído las economías desarrolladas, creyendo que ello era posible.

Pedir prestado de forma continuada a los inversores dinero para financiar el gasto público, y por tanto los derechos y el coste de la organización de los Estado, y de forma creciente, es el camino para el abismo ante el que estamos.

Por supuesto, el coste de financiación de los derechos no sólo es el principal capítulo del gasto público. El despilfarro continuado, el gasto corriente de un macroestado lastrado con unos gastos autonómicos desproporcionados que duplica los servicios, son aún más responsables de esta situación.

Por tanto, los derechos y su sostenibilidad no sólo vienen definidos por la economía, pero tratar de obviarla es una grave distracción con consecuencias.